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lunes, 11 de febrero de 2008

Explotación a otavaleños ya deja 3 presos en Colombia. En Bucaramanga hay detenidos.



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Febrero 10, 2008 José Olmos
Comerciantes indígenas contactan a los padres de menores en Ecuador y piden que les dejen llevar a sus hijos a cambio de salarios de $ 70, comida, ropa, hospedaje y, prometen, buen trato.La trata de personas con fines de explotación laboral por parte de otavaleños es una realidad lacerante desde hace años en Colombia, según lo reconocen autoridades, los propios comerciantes y dirigentes étnicos.

En agosto del año pasado, tres otavaleñas menores de edad denunciaron ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia que sus padres las habían entregado a patrones, quienes les negaban alimento, las maltrataban y no les pagaban el salario que les habían prometido.La investigación permitió la detención, el 17 de enero pasado, de tres de los acusados.

Aquí un informe. DetallesTrata de personas200 menoresSolo en la capital colombiana, Bogotá, según registros del Cabildo kichwa de esa ciudad (que agrupa a 2.000 indígenas ecuatorianos o sus descendientes), se estima que laboran al menos 200 menores, cantidad que hasta se quintuplica en diciembre. AmbulantesAlgunos de los niños o jóvenes otavaleños cuidan locales en portales o puestos ambulantes en las calles.
Tres indígenas están presos en Bucaramanga acusados del delito de trata de personas.

Este caso demuestra una realidad de engaños, explotación laboral y abuso contra niños y jóvenes otavaleños que son llevados a territorio colombiano por sus vecinos con el permiso de sus padres. Esta realidad se da desde hace varios años pero nadie denuncia por temor a ser deportado. Entre 200 y mil menores laboran en ciudades colombianas, muchos de ellos sufriendo maltratos.Las tres Marías lloraban. Habían estado oprimidas durante casi un año y no resistieron más. El 27 de agosto del 2007 se presentaron ante el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia) en Bucaramanga, para pedir ayuda. Las tres Marías, indígenas otavaleñas menores de edad, denunciaron que sus “patrones” solo les daban una comida al día; que dormían hacinadas; que eran obligadas a laborar como vendedoras ambulantes desde la madrugada a la noche, de lunes a domingo.

Y no recibían ninguna paga.Las tres Marías señalaron que sus opresores eran los también otavaleños Jaime y César Cepeda Males, Rosa Elena y Susana Cahuasquí Conejo. Ellos, con el consentimiento de sus padres, a quienes les ofrecieron $ 80 al mes por cada una, más su ropa y alimentación, se las llevaron desde el sector la Compañía, en la parte alta del lago San Pablo, en Otavalo (Imbabura), hacia la calurosa Bucaramanga, tras un viaje de 35 horas en bus. La oferta de pago no se cumplió.“Estaban desesperadas. Lloraban sin parar y luego relataron su suplicio”, dice el director del DAS en Santander, Santiago Vásquez.

Las chicas dieron su versión a la Fiscalía y pasaron al cuidado del Instituto de Protección Familiar. Luego, con apoyo de la fundación Esperanza, que previene la trata de personas, hicieron realidad su deseo de volver a sus hogares, aunque sin haber cobrado su salario. La Dinapen (Policía de menores en Ecuador) las recibió.Fue solo el preámbulo. El DAS y la Fiscalía siguieron con las investigaciones, reunieron pruebas y el 17 de enero apresaron a Jaime Cepeda, Rosa y Susana Cahuasquí, bajo los cargos del delito de trata de personas, que el art. 188 del Código Penal colombiano cita entre las causales “la esclavitud con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí u otra persona”.

Se castiga con prisión de 10 a 15 años. El cuarto implicado, César Cepeda Males, está prófugo en Ecuador y según el DAS se ultiman detalles para que la Interpol proceda a su captura.Esta es la primera vez que la justicia colombiana procesa a ciudadanos ecuatorianos por este delito. Pero la trata de personas con fines de explotación laboral por parte de otavaleños es una realidad lacerante que se da desde hace años en diferentes ciudades de ese país. Así lo reconocen las autoridades, los propios comerciantes y dirigentes étnicos.

“El tráfico ilegal de personas es una forma de esclavitud moderna y tenemos indicios de que se está dando en diversas localidades colombianas”, asegura el jefe del DAS.Casos como el de las tres Marías son usuales en Bogotá, Medellín, Tunja, Cali, Bucaramanga, Santa Martha, Cartagena, Pasto y otras ciudades colombianas. Los comerciantes otavaleños contactan a los padres en Ecuador y piden que les dejen llevar a sus hijos menores a cambio de salarios promedio de $ 70 mensuales, más la comida, ropa, hospedaje y, les dicen, buen trato.

Hay cientos de menores que han emigrado de comunidades rurales de Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi.Solo en Bogotá, según registros del Cabildo Kichwa de esa ciudad (que agrupa a 2.000 indígenas ecuatorianos o sus descendientes), se estima que laboran al menos 200 menores, cantidad que hasta se quintuplica en diciembre. Están en el centro, carreras Décima y Séptima, en el barrio 20 de Julio, al sur; en la Kennedy; al norte, en la avenida 68 y otras. Unos cuidan locales ubicados en portales o puestos ambulantes en las calles.

Las mujeres visten anacos (faldas largas) negros y los hombres lucen el pelo con trenza.Decenas de estos jóvenes trabajan pero no pueden cobrar. Cuando reclaman, los culpan por supuestos robos, les descuentan los pasajes y hasta la comida. Sin embargo, no denuncian porque no saben a quién acudir o temen que al hacerlo los deporten, pues, en la mayoría de los casos, los patronos les retienen los documentos.

Comerciantes que piden el anonimato señalan como uno de los presuntos explotadores a José Luis, otavaleño dueño de un local en la avenida 68 con carrera 68. El martes 29 de enero atiende en ese sitio José, menor que dice ser de Agato, Otavalo, y que lleva ocho meses laborando por un sueldo de $ 80 al mes. No ha cobrado un dólar, pero espera hacerlo hasta junio, cuando prevé volver a su tierra.
No es posible contactar a José Luis. Sin embargo, Alfonso Tintaquimba, presidente del Cabildo Kichwa de Bogotá, sabe que él explotaba a menores. “Una vez le dijimos. Vino aquí, se resintió (disgustó) y hasta lloró porque le reclamamos duro. De ahí no sé, porque la comunidad también debe vigilar”, dice.

El dirigente cuenta que en noviembre atendieron otro caso. El de una chica de 14 años cuyo padre vino desde Ecuador en su búsqueda y denunció que la familia que la trajo no le pagaba, la maltrataba y apenas le daban una comida al día. “Fuimos a investigar y la familia aludida respondió que ella no vino obligada sino porque pidió”, explica.Tuntaquimba asegura que algunos indígenas explotan a sus coterráneos porque no hay un contrato firmado, pues en la etnia la palabra vale, pero ellos la irrespetan. Pese a todo, el dirigente jamás denunció este y otros casos a las autoridades judiciales y policiales. Incluso algunos otavaleños mencionan que entre ellos saben de una menor que resultó embarazada de su patrón, quien al enterarse la botó a la calle.

Como parte de las investigaciones del DAS en el caso de las Marías, que ellos lo denominaron Andina, hay el relato de una menor que tras haber sido explotada y maltratada durante más de un año, se escapó y debió mendigar en la terminal terrestre de Bucaramanga para conseguir el pasaje de retorno.

El miércoles 30 de enero, entre los cientos de comerciantes ubicados en las casi diez cuadras cerradas al tráfico de automotores en el centro de Bucaramanga, hay unos 20 puestos donde los otavaleños ofertan sus productos típicos. En más de la mitad atienden menores. “Para qué toma fotos”, reclama una chica de unos 16 años. “Este puesto es nuestro. Mis papás están en Otavalo. A nosotros nadie nos contrata”, afirma, sin dar tiempo a que se le haga alguna pregunta. Es como si ya hubiera sido instruida.

Aquel recelo, temor y cierta complicidad entre explotadores y explotados es el obstáculo para los investigadores. Un agente del DAS a cargo de la pesquisa del caso de las tres Marías señala que logró conseguir un testigo clave. Pero este expresa miedo porque le pueden hacer la brujería. “En Illumán (Imbabura) hay unos brujos y a ellos acuden los denunciados. Han de hacer daño a toda mi familia”, argumentó el hombre, al agente.

El investigador y el fiscal Sexto de Santander, a cargo del caso, viajaron a Ecuador hace dos semanas para tratar de ampliar las declaraciones de las tres Marías. No lograron su objetivo porque sus familiares las negaron. El día de la llegada de los funcionarios, este Diario trató de ubicar a las chicas en Compañía Alta y Compañía Baja. Personas que dijeron ser parientes se apresuraron en dar una respuesta: “Ya mismo regresan”. Luego de siete horas de espera se presentó un grupo de comuneros y nos obligó a salir del sector.“Ya les pagaron. Ellas no quieren saber nada más.

La directiva de la comuna está solucionando y no queremos disgustos entre nosotros. Hasta son familias entre ellos”, argumentó en esa ocasión uno de los comuneros.El jefe del DAS en Santander asegura que aquel pago no surtirá efecto en el proceso. “Tenemos bien documentadas las pruebas.

Los acusados tienen contratados abogados defensores que cobran diez millones de pesos (5.200 dólares) por cada uno, pero confiamos en que saldrá bien el proceso”, dice.Mientras, cientos de menores siguen vendiendo en las calles. Regresar a Inicio o Titulares

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